1936-1985
El periodo franquista y la transición democrática
El alcalde del ayuntamiento franquista de Cornellà de Llobregat de 1951 a 1969 fue Josep Rius Carreras, jefe local de la "Falange" y industrial jabonero. La política de este gobierno fue acrítica al régimen, no tuvo ninguna idea importante y favorecía a los poderosos. Los concejales de este ayuntamiento ostentaban el título más bien como cargo honorífico y quienes realmente gobernaban eran una serie de altos funcionarios. Además, a raíz de la mala gestión de estos dieciocho años, el primer Ayuntamiento democrático se encontró con una situación de desarrollo industrial desordenado, con zonas industriales sin urbanizar, mal comunicadas y con altos niveles de contaminación; de especulación inmobiliaria, sobre todo a las construcciones de bloques de viviendas de San Ildefonso, la Encarnación y Lindavista, y de falta de equipamientos y de servicios.
A raíz de la promulgación de la "Ley Orgánica del Estado" en 1967, de una cierta liberalización económica y de la necesidad de mejorar la relación con las entidades locales que se habían ido consolidando, la situación cambió un poco con el entrada de algunos concejales con más iniciativa, como Constancio Pérez, que inició una oposición desde el ayuntamiento secundada por pocos concejales más y que no llegó a tener mucho éxito.
El nuevo alcalde que en
1969 sustituyó Rius y se mantuvo a la alcaldía hasta el 1978 fue Josep Maria
Ferrer y Penedès, un abogado. El relieve se debió a una operación del Gobierno
Civil de Barcelona para poner al frente de algunos ayuntamientos personas más
capaces y formadas y que pusieran orden a la difícil situación de tensiones
sociales de entonces. El alcalde Ferrer intentó gestionar la ciudad más
eficazmente, introduciendo al ayuntamiento personas con más capacidad y
voluntad de trabajo, aunque continuó favoreciendo los intereses de los
poderosos, sobre todo, inmobiliarios.
En su intento de mejora de la gestión de la administración local, sin embargo, no generó una administración económica equilibrada ni transparente y no renovó algunos directivos ineficientes. Algunos intereses inmobiliarios que favoreció fueron la construcción de bloques de pisos donde estaban las masías de Can Pi y Cal Bizco, la construcción del primer ambulatorio de Cornellà sin pagar los terrenos, la construcción de bloques de pisos en torno al Sindicato Vertical (actualmente CCOO) sobrepasando los límites urbanizables.
Aun así, consiguió un "Plan de urgencia
para la comarca de Cornellà" en 1972 que debería facilitar las inversiones
del gobierno estatal en la ciudad y sus alrededores; facilitó la llegada del
Metro en Cornellà de Llobregat, impulsar el soterramiento del Ferrocarril y
transfirió la finca de Can Mercader en el ayuntamiento, después de un intento
de explotación inmobiliaria. Pero, muchas de sus realizaciones fueron fruto de
las presiones populares.
En 1978, en plena transición democrática, Ferrer fue nombrado vicegobernador civil de Barcelona y fue nombrado alcalde Joan Seijo Viñas, un comerciante de talante democrático y cristiano y con poca autonomía política. Muchos de los concejales se fueron y los que se quedaron fue para velar por sus intereses.
Mientras que a nivel estatal, con la transición democrática, el príncipe Juan Carlos de Borbón había sido nombrado rey de España y jefe del Estado, había habido un primer gobierno inmovilista encabezado por Arias Navarro (1975-1976), se había aprobado por referéndum la "Ley de reforma política" en 1976, el gobierno reformista de Adolfo Suárez (1976-1982) había convocado elecciones generales en 1977, en que ganó la Unión de Centro Democrático (UCD) con Suárez a la cabeza; s había aprobado por referéndum una nueva Constitución en 1978 y en marzo de 1979 había habido elecciones legislativas en las que triunfó de nuevo la UCD, no fue hasta abril de 1979 cuando se convocaron en todo el Estado español las primeras elecciones municipales democráticas. Pero, durante los tres años que las elecciones municipales democráticas tardaron en llegar en Cornellà de Llobregat, el ayuntamiento siguió igual: alcaldes elegidos sin el voto de la ciudadanía y propios concejales, funcionarios y legislación. Pero, en Cornellà de Llobregat se había creado la Asamblea Democrática de Cornellà, un órgano adherido a la Asamblea de Cataluña, que representaba globalmente la oposición antifranquista y presionaba a favor de un cambio democrático.
El periodo del gobierno del PSUC
En 1981, el PSUC sufrió
una escisión entre eurocomunistas-más revisionistas con la política comunista
de la URSS- y prosoviéticos-defensores de la política comunista de la URSS-,
los últimos de los cuales abandonaron el partido y en formaron otro, el Partido
de los Comunistas de Cataluña (PCC). A raíz de esta escisión, como ya se
preveía por los votos emitidos desde Cornellà de Llobregat en las elecciones
legislativas de 1982, a las segundas elecciones municipales democráticas de
Cornellà de Llobregat de 1983, el PSUC tuvo una pérdida de votos y el PSC ser
el partido más votado. Pero, a pesar del 42'55% de los votos que obtuvo el PSC
frente al 39'50% de los votos que obtuvo el PSUC, los dos partidos habían
obtenido once concejales, mientras que Convergència i Unió (CiU), el partido
evolucionado del CDC y UDC; Alianza Popular (AP) y el PCC habían obtenido cada
uno un concejal. CiU y AP, las derechas, votaron por el PSUC, mientras que el
PCC votó por el PSC, lo que hizo que finalmente, el PSUC, en minoría, cogiera
la alcaldía y Prieto volviera a ser alcalde. En el nuevo mandante se fue
culminando gestiones del anterior, el Ayuntamiento se acogió a la "Ley de
Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales",
mediante la cual el Ayuntamiento recibía un crédito sin intereses de casi siete
millones de pesetas con el fin de saldar la deuda que tenía desde la época
franquista; se creó empleo, se mejoraron las inversiones públicas y privadas y
se inició un plan de participación con las entidades de los barrios
.
.
.png)
